España ocupa una posición singular en el mapa económico: somos el segundo mayor fabricante de automóviles del continente y el octavo del mundo.
Durante décadas, este hecho ha sido un pilar silencioso pero robusto de nuestra economía, representando cerca del 10% del PIB y una parte masiva de nuestras exportaciones. Sin embargo, el sector se enfrenta a su mayor desafío histórico, un cambio de paradigma que no admite prórrogas: la electrificación forzosa y la competencia global.
Para evitar que nuestra industria pierda tracción y para cumplir con las estrictas normativas ambientales que llegan desde Bruselas, se han puesto en marcha dos grandes conceptos que, aunque a menudo se confunden en el debate público, responden a necesidades temporales distintas.
Por un lado, encontramos las medidas de choque inmediatas, que la industria y los analistas agrupan bajo el paraguas del Plan Auto Plus, y por otro, el plan a largo plazo presentado como el Plan España Auto 2030.
Estamos hablando de una reorientación de la industria española que afectará tanto a las grandes empresas como a las finanzas personales de cada conductor.
La urgencia que empuja la creación del Plan Auto Plus
Para comprender la magnitud de estos planes, primero debemos entender la amenaza. La Unión Europea está actualmente dando marcha atrás a su amenaza de que en el año 2035 se produjera el final oficial de la venta de coches de combustión interna, sean diésel o gasolina. Ha reculado, pero solo con algunos matices.
Esta amenaza, haya reculado por el momento o no, plantea dos grandes riesgos para la economía española. El primer riesgo es para nuestra industria, ya que las fábricas de coches españolas se verían obligadas a renovar toda su línea de producción casi por completo y en tiempos relativamente rápidos para el sector. En caso contrario, podrían quedarse obsoletos.

Además, existe un riesgo importante para el ciudadano promedio español. El parque móvil en España es uno de los más envejecidos de Europa, con una media que supera los 14 años de antigüedad, algo que va muy ligado a nuestro poder adquisitivo. Si la transición hacia el vehículo eléctrico no se hace de forma realista, accesible y subvencionada, la movilidad privada podría dejar de existir tal y como la hemos entendido desde hace más de 50 años, dejando a gran parte de la clase trabajadora fuera de la ecuación.
Es en esta delicada situación donde el Gobierno espera que intervengan los planes estatales, europeos y la colaboración público privada.
Plan Auto Plus: La respuesta a corto plazo
El concepto del Plan Auto Plus debe actuar como un revulsivo inmediato para el mercado español actual. Aunque no existe todavía un documento oficial con este nombre, el término engloba el paquete de medidas de refuerzo diseñadas para acelerar una transición que, según los datos de ventas, avanzaba demasiado lenta. La estrategia se basa en atacar el problema desde dos frentes simultáneos: incentivar la demanda del ciudadano y asegurar la oferta industrial.
En el lado del comprador, el objetivo es rejuvenecer el parque móvil y democratizar el acceso al vehículo de cero emisiones. Aquí es donde entran en juego herramientas conocidas como el Plan MOVES III y sus sucesivas extensiones. Estas ayudas directas, que pueden alcanzar cifras significativas al achatarrar un vehículo antiguo, han sido fundamentales, aunque no han estado exentas de críticas debido a la enorme lentitud burocrática en el cobro.
Para mitigar este problema de liquidez en las familias, se ha introducido una novedad crucial en la fiscalidad: las deducciones en el IRPF. La posibilidad de deducirse un porcentaje importante en la declaración de la Renta por la compra de un eléctrico supone un cambio de mecánica financiera, permitiendo que el incentivo económico retorne al bolsillo del contribuyente de una forma mucho más ágil y predecible que la subvención directa tradicional.
El objetivo final de estas maniobras es lograr la ansiada paridad de precios, el punto de inflexión donde comprar un eléctrico cueste lo mismo que uno de combustión sin necesidad de ayudas.
Qué es el PERTE VEC
En el lado de la oferta, el protagonismo recae en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (para no quedarnos sin oxígeno, PERTE VEC).
Este instrumento es el canal por el que fluyen los fondos europeos Next Generation hacia la industria pesada. No es dinero para comprar coches, sino para transformar la infraestructura productiva del país.

Gracias a estas inyecciones de capital, proyectos titánicos como las gigafactorías de baterías de Volkswagen en Sagunto o la adaptación de las plantas de Stellantis son posibles. Las nuevas ediciones de este plan han buscado ser más flexibles y rápidas, intentando seducir no solo a los fabricantes tradicionales europeos, sino también a gigantes asiáticos o americanos para que elijan España como su base de operaciones en Europa.
Plan España Auto 2030
Si las medidas anteriores son la táctica para sobrevivir al presente, el Plan España Auto 2030 es la estrategia para liderar el futuro. Es la hoja de ruta consensuada entre el Gobierno y la patronal ANFAC para asegurar que España mantenga su estatus de potencia mundial en la próxima década. Las ambiciones de este plan son extremadamente altas y dibujan un país muy diferente al actual.
El primer gran objetivo es la masificación del vehículo eléctrico. El plan aspira a que, para el final de la década, circulen por nuestras carreteras unos cinco millones y medio de vehículos eléctricos. Dado que actualmente estamos lejos de esa cifra, alcanzarla requiere que la curva de adopción deje de ser lineal y pase a ser exponencial, similar a lo que ocurrió con la adopción de los smartphones hace quince años.
El segundo pilar es la infraestructura. El talón de Aquiles de la movilidad eléctrica en España es probablemente la escasez y la inoperatividad de los puntos de carga. La estrategia 2030 exige el despliegue de una red capilar y fiable de cientos de miles de puntos de recarga pública. Esto implica un esfuerzo que va más allá de la instalación física, pues también busca reducir la burocracia enormemente, agilizando la instalación de cargadores.
Por último, el plan busca una transformación integral bajo la marca Made in Spain. La visión del Gobierno actualmente es que España no quede relegada a ser un simple ensamblador de piezas importadas de Asia.
El objetivo actualmente es controlar toda la cadena de valor: desde la posible extracción y procesado de litio en yacimientos nacionales, pasando por la fabricación de celdas de baterías, hasta el desarrollo del software y la conectividad que definirán al coche del futuro.
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