En el actual panorama financiero español, nos hemos acostumbrado a movernos a golpe de BOE. Sin embargo, pocas cosas han generado tanta tinta, debate y problemas en los despachos del Paseo de la Castellana como el Decreto Ómnibus. Para cualquier inversor, autónomo o ahorrador que intente planificar su año, este paquete legislativo se ha convertido en el barómetro de la estabilidad (o la falta de ella) de nuestra economía.
Pero las noticias de las últimas semanas han dado un giro dramático. Ya no solo hablamos de qué contiene este macro-decreto, sino de su reciente y sonado «fracaso» parlamentario. El «autobús» legislativo, que pretendía cruzar la meta de las reformas exigidas por Bruselas, se ha quedado parado en mitad de la carretera por falta de apoyos. Para quienes nos leéis buscando entender cómo afecta a vuestro bolsillo, la pregunta es clara: ¿Es este fracaso una anécdota política o un terremoto financiero que pone en riesgo los fondos europeos?
¿Qué es exactamente un Decreto Ómnibus?
El nombre suena a transporte público, y la analogía es perfecta. Un Decreto Ómnibus es un Real Decreto-Ley de «geometría variable» que agrupa en un solo texto legal una enorme cantidad de reformas sobre materias que no tienen nada que ver entre sí. Es, en esencia, meter en el mismo autobús la subida de las pensiones, el freno a los desahucios, la regulación de suministros básicos o algunas deducciones fiscales, como la del coche eléctrico.
El Gobierno utiliza esta fórmula por dos motivos:
- Velocidad: Permite aprobar decenas de cambios de una sola vez sin pasar por el lento proceso de tramitación de diez leyes separadas.
- Necesidad: A menudo es imprescindible que, para recibir el dinero de los Fondos Next Generation, la Unión Europea nos exija una serie de reformas estructurales a cambio, en este caso el decreto era la vía rápida para cumplir con las fechas marcadas por Bruselas.
El fracaso del Decreto Ómnibus
La noticia que ha sacudido todos los medios esta semana ha sido el rechazo parlamentario a uno de los decretos ómnibus más ambiciosos de la legislatura. Lo que el Gobierno presentó como un paquete de «medidas anticrisis y modernización», la oposición y algunos socios de investidura lo han tumbado en el Congreso.
¿Por qué se habla de fracaso?
Principalmente por la incertidumbre jurídica. Cuando un Decreto Ómnibus entra en vigor, porque se publica en el BOE, pero luego el Congreso no lo acepta. Esto produce un vacío legal bastante complicado. Las medidas que ya se estaban aplicando (como las rebajas fiscales o cambios en procesos judiciales) dejan de tener efecto de la noche a la mañana.
Para cualquier analista financiero, este es uno de los escenarios más duros. La inversión odia la incertidumbre, y este escenario es literalmente que las reglas del juego cambien dos veces en menos de 30 días, proyectándose una imagen de inestabilidad muy importante que encarece nuestra prima de riesgo y afecta a la economía de no solo los inversores, sino también millones de familias.
El impacto en los Fondos Next Generation y el déficit
El fracaso del decreto no es solo un problema de política interna: es un problema de crédito internacional. Bruselas frecuentemente vincula el pago de los tramos de ayuda europea al cumplimiento de «hitos». Si algunos Decreto Ómnibus fracasan, los hitos se consideran incumplidos.
Si las ayudas europeas no llegan debido al fracaso legislativo, el Estado tiene que emitir más deuda para cubrir ese hueco, y en 2026, con los tipos de interés en «niveles de resistencia», esa deuda es cara. El fracaso del decreto, por tanto, se traduce directamente en una menor capacidad de inversión pública y un mayor esfuerzo fiscal para todos los españoles.
Las consecuencias del fracaso del Decreto Ómnibus para la Justicia y las Subvenciones
Dentro del paquete había dos áreas que afectaban directamente a la economía de calle:
- Subida de las pensiones: Pese a que la nómina de enero ya se ha cobrado, la caída del decreto obligará a la aprobación de una ley urgente para que los pensionistas no vean una reducción de ingresos en febrero.
- Desahucios: Se tumba la moratoria que estaba impidiendo el desalojo de personas vulnerables sin alternativa habitacional, algo que partidos como Junts y PP consideraban una forma de proteger a los okupas.
- Suministros: Deja de estar prohibido cortar la luz, el agua y el gas a aquellas familias en situación de pobreza energética.
- Deducciones fiscales: Dejan de existir las deducciones del 15% en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos y exenciones en obras de eficiencia energética en inmuebles
¿Por qué el Gobierno ha metido todas estas propuestas en el Decreto Ómnibus?
Es una estrategia de «todo o nada» que la oposición ha catalogado de chantaje. El Gobierno intenta que los grupos parlamentarios se sientan obligados a votar a favor de medidas impopulares o medidas que simplemente no apoyan, porque estas van «pegadas» a otras medidas muy populares y necesarias, como la que hace referencia a la subida de las pensiones.
El reciente fracaso demuestra que esta estrategia ha dejado de funcionar, ya que tanto oposición como socios de la investidura ahora prefieren tumbar el decreto al completo antes que tragar con aquellas medidas que nunca han querido apoyar.
Otras cuestiones que iban dentro del decreto
Algunas de las otras materias que quedan en el aire tampoco son cuestiones menores. En materia de trabajadores autónomos, muchos se ven ahora con un grave problema al haberse perdido la renovación de la prórroga relativa a los umbrales máximos del IRPF establecidos por la Ley del IRPF de 2026. Muchos autónomos venían beneficiándose de unos límites de ingresos superiores: 250.000€ anuales respecto a 150.000€, o si emitían empresas a otros profesionales de 125.000€ respecto a los 75.000€. Ahora deberán tributar en módulos superiores con mayor carga fiscal.
En relación a las viviendas vacías, los propietarios que tengan inmuebles que no están alquilados deberán pagar un 2% del valor catastral del bien, frente al tipo reducido del 1,1% que venía disfrutándose desde 2012, que debía haber concluido en 2022 pero que venía amparándose bajo sucesivas prórrogas.
Otras cuestiones eran los nuevos coeficientes para el IIVTNU, es decir, la plusvalía municipal, así como la normativa que permitía a los parados no tener que presentar la declaración de la renta, medida que venía aplicándose desde 2024 y que ahora no se habría renovado. Ahora todas estas medidas deberán presentarse en nuevos paquetes o bien aprobarse de forma independiente, permitiendo que el Congreso las pueda votar una por una.
